Un año después y a consecuencia de la despenalización
del aborto en el Distrito Federal por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 18 estados hicieron modificaciones a sus leyes
para castigar la interrupción del embarazo.
Más de la mitad del territorio mexicano protege en
sus Constituciones locales el derecho a la vida de todas y todos, sin embargo
tanto en Baja California como en San Luis Potosí y otros 9 estados se habían tramitado
amparos contra las leyes que protegen la vida.
La iniciativa provocó una fuerte oposición y es por
ello que en esta semana la suprema corte ha llevado a cabo un debate sobre la
invalidez de las reformas en Baja California y San Luis Potosí, a este debate
también se le sumo el presidente de la republica Felipe Calderón, quien
solicito al Senado retirar la Declaración Interpretativa de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
La resolución, sin embargo, no penaliza ni
despenaliza el aborto en México, por lo que el tema permanece en el limbo
legal.
La prohibición legal del aborto no impide ni reduce
las interrupciones voluntarias del embarazo, solo las conlleva a una práctica
de clandestinidad en donde prolifera la corrupción, los abusos y riesgos;
convirtiendo esta actividad en un problema grave para la salud pública de la
mujer.
